CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La Unión Europea anunció el viernes que impuso sanciones a la fiscal general de guatemalteca, Consuelo Porras, por socavar la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en el país centroamericano.
La sanción también alcanza al secretario general de la fiscalía, Ángel Pineda; al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; a la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez y al juez Fredy Raúl Orellana Letona, quien ha ordenado acciones judiciales contra el proceso electoral a petición de los fiscales.
Esta es la primera vez que la UE sanciona a ciudadanos guatemaltecos, dijo la entidad en Guatemala.
En un comunicado de prensa la UE dijo que las sanciones incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de poner fondos a su disposición, así como la restricción de viaje, lo que impide entrar o transitar por territorios de la comunidad.
“La decisión de hoy sigue a la adopción, el 12 de enero de 2024, de un marco específico para medidas restrictivas en apoyo de la democracia y una transferencia pacífica y ordenada del poder en Guatemala ”, agregó.
En un comunicado de prensa, la fiscalía rechazó “categóricamente” los señalamientos que calificó de “espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Consejo Europeo”.
“Estos ataques sistemáticos buscan intimidar y coaccionar a funcionarios del Ministerio Público y suponen una grave amenaza contra el régimen de legalidad y de la democracia de Guatemala”, expresó la Fiscalía General.
Además calificó los señalamientos como arbitrarios: “Hemos de suponer que dicho ente internacional dedica tiempo a realizar defensas oficiosas con absoluto desconocimiento del sistema de control de garantías constitucionales del Estado de Guatemala”.
Desde junio de 2023 la fiscalía buscó detener la participación del nuevo presidente Bernardo Arévalo en las elecciones justo después de que pasara a un balotaje contra la ex primera dama Sandra Torres, a quien le ganó la presidencia por una ventaja de más de 20 puntos.
Fue entonces que la fiscalía le pidió al juez Orellana suspender la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla que llevó a Arévalo a la presidencia. Hasta hoy la decisión del juez ha dejado sin partido político en el Congreso al mandatario y sus 23 diputados no pueden participar en comisiones parlamentarias ni en bloque.
Las acciones judiciales de la fiscalía se extendieron al proceso electoral, los magistrados electorales, Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera, miembros de su partido, trabajadores electorales e incluso a ciudadanos que participaron en la recolección, conteo y resguardo de los votos.
Orellana además ordenó el secuestro de actas y votos de las elecciones, algo que fue duramente criticado porque la ley le faculta con exclusividad al Tribunal Supremo Electoral la custodia y resguardo de dicho material.
El Alto Representante de la UE, Josep Borrell, participó el 14 de enero en la asunción del presidente Arévalo, cuando miembros del anterior y nuevo Congreso intentaron bloquear la elección de una nueva Junta Directiva que debía darle posesión, retardando su investidura.
Borrell dijo que cuando viajó al país lo hizo pensando que la presencia de él y otros invitados internacionales “no sólo enviarían un fuerte mensaje de apoyo a la democracia en Guatemala sino una fuerte señal a los obstruccionistas de que eludir los procesos democráticos no sería tolerado por el gobierno, la comunidad internacional” y agregó que la UE estaba dispuesta adoptar nuevas medidas para “exigir responsabilidades a los responsables”.
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